Un grupo de mujeres de diversas poblaciones de Santiago decidió luchar por lo que ellas creen injusto: sus casas, que fueron adquiridas a través de subsidios gubernamentales y créditos bancarios, no son reconocidas como Viviendas Sociales, esto les impidió recibir los beneficios para deudores habitacionales que entrega el SERVIU.

ANDHA Chile, como se conoce también a la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales de Chile no tiene directivas formales o escogidas, sino que funcionan bajo la forma de asambleas, donde la mayoría es la que decide. La agrupación se creó el 2004 en Santiago, pero hoy en día participan deudores habitacionales de todos los puntos del país, como Alto Hospicio, San Antonio, Coronel, El Tabo, Quilicura, etc. Serían más de 200 mil los afectados por la famosas viviendas PET.

Roxana Miranda es una de las primeras líderes del movimiento y una de las pocas dirigentes que no ha sido expulsada por corrupción o por embanderarse políticamente con algún candidato o partido, al igual que su amiga de lucha Juana Silva. Miranda tiene una deuda enorme con el Banco del Desarrollo y dice que no dejará de luchar mientras no le solucionen el problema a ella y a todas las familias afectadas. Este grupo de mujeres, que representan a miles de personas a lo largo de Chile, tienen en sus manos una gran responsabilidad: encontrar solución al problema y así mejorar la vida de las personas que esperan que sus casas no sean rematadas a precio huevo o terminar pagando dos, tres y hasta cuatro veces el valor de una vivienda.

Roxana, ¿cuál es el motivo del conflicto?

Hubo una época en la que el Estado se puso a entregar subsidios como loco, pero no tenía suficientes casas construidas, entonces las familias se vieron obligadas a pasar a la banca privada. Son viviendas sociales si el crédito se obtiene a través del Estado, pero si el préstamo lo da un banco, aunque tengas el subsidio del Gobierno, no son tomadas como viviendas sociales. El Gobierno le dijo a miles de familias: ahí está su subsidio, ahora busque usted su casa. Lo que queremos nosotros, como agrupación, es que nuestras viviendas sean consideradas sociales, porque así tendríamos dividendos justos y más acorde a nuestra condición social. El principal motivo de nuestra lucha es que nuestras casas sean consideradas como viviendas sociales. Los bancos hicieron el negocio del año, porque por un préstamos de 4 millones de pesos, terminaríamos pagando 25 millones de pesos por una casa que no lo vale.

¿Qué soluciones están buscando para el conflicto?

Buscamos tres cosas. Primero: el pago sólo del avalúo fiscal de la casa. Segundo: dividendos justos de sólo el 10% del ingreso familiar. Tercero: que se les condone la deuda a los que pagaron 10 años o más. En la carta que le llevamos a la Presidenta, le adjuntamos el certificado de la encuesta Casen donde las familias sacan 2 mil o 3 mil puntos, esto quiere decir que son personas que están en riesgo social y sus casas deberían ser nombradas como sociales. Queremos soluciones de verdad, porque hoy en día los deudores estamos pagando 2 o 3 veces el valor de la vivienda y, más encima, son casas de muy mala calidad. Pedimos un dividendo justo, por ejemplo: hay familias que pagan 80 mil pesos de dividendo, siendo que viven con un solo sueldo de 180 mil pesos.

¿En qué está el movimiento? ¿Ha habido avances para solucionar el problema?

El otro día llevamos a más de 3 mil familias a Valparaíso, para la marcha del 21 de mayo. La semana pasada nos tomamos las oficinas del Banco del Estado y del Banco del Desarrollo del centro, porque ellos son los que más presionan a las familias a firmar la repactación de la deuda, al firmar es cuando sube enormemente el valor de la casa. Además ellos compraron los terrenos a precio huevo, hicieron casas de mala calidad y ahora nos cobran el doble o el triple del crédito. También durante la semana pasada logramos juntar a miles de personas para entregar cartas exponiendo nuestro problema en La Moneda y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y con respecto a lo de los avances, hace poco se anunció que a 92 mil familias se les condonaría la deuda total de la vivienda, pero sólo a las personas que sus viviendas son consideradas como sociales. Nosotros seguiremos luchando hasta lograr la condonación de la deuda de todas las familias afectadas, porque no es justo lo que hicieron con miles de chilenos.

A propósito de eso, ¿qué le pareció el discurso de la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo?

Sabíamos que iba a ser así. Dio una solución para 138 mil familias, se le bajará la tasa de interés para que puedan pagar sus deudas. No nos sorprendió en nada el discurso. Lo que sí sabemos es que nosotros seguiremos luchando, hasta solucionar el problema de cada una de las familias que pertenecen a nuestra agrupación. La Presidenta Bachelet, está amparando con su silencio esta estafa legalizada en contra de miles de chilenos. Fue una lista de cosas que va a hacer a futuro, en vez de ser una cuenta a la Nación. Nos dejó afuera a casi todos los deudores habitacionales de este país. Lo que esperábamos nosotros era que dijera por qué las cosas no funcionan en Chile y sanción para los responsables. La Presidenta se lava las manos diciendo que este es un conflicto entre privados, pero fue el Gobierno el que nos dio el subsidio. Que ellos no tuvieran las casas necesarias para todas las personas, es otra cosa.

Cuando mencioné que era estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, me dijo: “Fue interesante lo que hizo la iglesia por los sin casa. Cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile trajo mucha plata para construir casas a las familias más pobres del país. ¿Qué hizo la iglesia? Le pasó la responsabilidad al Estado y ellos a los bancos para que construyeran las casas. Los bancos hicieron lo que quisieron con los recursos, menos ayudar a la gente más pobre. Esta estafa es avalada por el Estado y por la Iglesia”.

Es curioso que este grupo de personas, que representa a miles, esté exigiendo soluciones a sus problemas económicos, siendo que también hay una cantidad importante de chilenos que tiene sus cuentas al día y con mucho esfuerzo logran mantener a su familia. Cuando les otorgaron el subsidio a este grupo de personas, no esperaron que el Estado construyera las casas suficientes para todos los beneficiarios y se pasaron, o se vieron obligados a pasar, a hacer negocios con los bancos.

Es un problema entre privados, dice el Gobierno. Por un lado tiene razón y por otro no, pienso que si hay subsidio estatal en el medio, aunque después el préstamo sea entregado por un banco, el Gobierno tiene que pronunciarse al respecto y proponer o dar soluciones. También creo que es injusto que las personas que se esfuerzan día a día para cumplir sagradamente con sus responsabilidades al momento de pagar su dividendo no tengan ningún beneficio o regalía y las familias que no cumplen con un trato pactado con anterioridad exijan al Estado condenaciones de deuda.

El grupo de deudores habitacionales seguirá luchando en contra de lo que, para ellos, es injusto. Roxana Miranda reconoce que esta batalla es larga, pero al final ganará la guerra.